Según el economista de la OCDE Jens Arnold, se necesita una revisión fundamental del sistema de seguridad social, así como una evaluación fiscal para abordar la informalidad.

 


 



 

 

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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha publicado un informe sobre Colombia en el que examina la necesidad de reformas estructurales para aumentar la protección social, las finanzas públicas y la productividad. Jens Arnold, economista de la OCDE para el país, habló con Portafolio sobre los resultados.

 

¿Cuáles son las partes más cruciales de esta investigación?

 

 El estudio incluye una amplia gama de temas. Dimos gran prioridad a la reforma de la protección social, que está vinculada a las restricciones fiscales y a la epidemia. Millones de trabajadores no remunerados pasaban día a día sin cobrar, y el sistema de seguridad social existente no podía hacer mucho para ayudarlos; eran invisibles para el gobierno. Es un problema que se produjo como consecuencia de la epidemia, pero también es un problema estructural.

 

¿La modificación del año pasado no pretendía aliviar estos problemas?

 

 

 Hay varias preocupaciones pendientes, y aunque la reforma abordó las cuestiones monetarias, no abordó las cuestiones estructurales. Esto incluiría el aumento de la recaudación fiscal mediante el incremento del impuesto sobre la Ingreso  de las personas físicas, el ajuste de las exenciones y la consiguiente reducción de los impuestos sobre la nómina. El coste de la generación de puestos de trabajo formales podría reducirse a la mitad. Dada la proclividad del sistema existente hacia la informalidad, es fundamental concentrarse en bajar el costo del trabajo formal, lo que iría de la mano con la ampliación de la cobertura de la seguridad social.

Hoy en día, sólo el 25% de los colombianos tiene una pensión contributiva, lo que deja al resto en la oscuridad. Colombia Mayor cuenta con otra cuarta parte de la población, pero apenas cubre la mitad de la línea de pobreza.

 

 El objetivo debería ser la cobertura universal, al menos en el nivel de pobreza. El sistema actual está plagado de ineficiencias, y suprimirlas disminuirá el coste total de la reforma. Sería del 3,6% del PIB, según nuestros cálculos.

 

¿Va a ser un enfoque triple? El trabajo, las pensiones y el presupuesto son cuestiones que hay que abordar.

Es fundamental abordar todas estas cuestiones al mismo tiempo, poner en marcha una reforma completa que las resuelva todas, y luego perseguir diversos grados de ambición política. No hay mejor momento para considerar esto que ahora mismo.

 


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